" CASAS BARATAS "

Nuestra actual situación económica es comparable a la de un buque que ha perdido una de sus dos hélices: Por más que se aticen las calderas -agotado ya el carbón- con las sillas y demás muebles de a bordo, no se conseguirá otro resultado que el giro del navío sobre sí mismo. Es cierto, no obstante, que maniobrando habilmente con el timón y la otra hélice puede lograrse un lento y sinuoso movimiento que le permita arribar al puerto más cercano para ser reparado, y mejor, desde luego, con el auxilio de un remolcador. Temerario sería, sin duda, tratar de continuar la navegación sin subsanar tan grave avería.
En fecha 3 de octubre de 2008 anotaba en esta bitácora las que, a mi juicio, constituían las dos únicas medidas para superar la entonces negada crisis, y que hoy se ha revelado como la más profunda depresión jamás vivida en España. Dieciocho meses después, y en fiel reflejo al descrito supuesto náutico, comprobamos como el brusco desplome en la construcción de viviendas afectó tan radicalmente a la actividad económica, que si no ha llegado al colapso total ha sido gracias a la buena marcha del sector turístico, segundo motor de nuestro modelo productivo. Pero, como es fácil deducir, la situación no se puede prolongar por más tiempo sin proceder a restaurar el funcionamiento de aquella máquina súbitamente detenida.
El paro laboral, camino ya de los cinco millones como auguraban prestigiosos economistas siempre desdeñados, demuestra contundentemente la grave perturbación que la carencia de la construcción ocasiona, pues, como es bien sabido, si no se vende un piso tampoco se venderá un tornillo.
La desacertada política de vivienda en los últimos doce años, nos ha llevado a una desaforada carrera en la construcción de pisos y en precios, que al final habría de desembocar en el estallido de la llamada "burbuja inmobiliaria" y, por consiguiente, en la brusca detención de tan principal actividad. La existencia, a día de hoy, de más de un millón de pisos vacíos, contrasta con los cientos de miles de personas que viven hacinadas en pisos-patera o realquiladas en habitaciones, dada la ausencia de las necesarias viviendas sociales donde residir dignamente. Pero los inmuebles citados son pisos de lujo, para gente de un determinado nivel económico y, por tanto, vedados para los desheredados de la fortuna a los que sólo se alude cuando electoralmente interesa.
La construcción de VPO hubiese evitado, en su momento, el encarecimiento de los demás pisos, actuando como elemento regulador del precio de la vivienda, que si alcanzó niveles astronómicos ha sido, precisamente, por la falta de competencia.
Los más de 800 políticos que en la actualidad tienen abiertas causas judiciales por delitos de corrupción, en su mayoría urbanística, y que a diario vemos incrementados con nuevos y bochornosos casos, ponen de manifiesto lo lucrativo que ha sido para muchos de ellos y sus socios, las maquinaciones llevadas a cabo al socaire de la febril actividad en la construcción de pisos y urbanizaciones de alto standing, en detrimento de las viviendas para los más desfavorecidos.
Como apuntaba hace año y medio, las medidas para salir de la profunda sima en la que nos hallamos se reducen exclusivamente a dos : el estímulo de la natalidad -puesto que si no hay nacimientos no hay futuro-, y la construcción de viviendas sociales. De la urgente necesidad de la primera de ellas he dejado constancia en escrito de 14 del actual. Con respecto a la segunda hay que señalar que la construcción de casas baratas, en venta o alquiler, a no más de 200 euros mes, junto con los necesarios refugios, albergues o naves para que, los hasta ahora olvidados indigentes, puedan pernoctar bajo techo y con seguridad, constituye, además de un grave deber de justicia para las clases más desfavorecidas, el mejor plan para lograr el pleno empleo de la incesante legión de parados.
Si aborto libre y pisos de lujo ha sido la tónica general en la que nos hemos conducido en los últimos años, con el resultado de la ruina moral y económica que padecemos, es evidente que sólo nos apartará del seguro desastre, la adopción de medidas en sentido diametralmente opuesto al hasta ahora seguido. Aún así, no cabe esperar reforma o mejora alguna promovida por la actual clase política, que en los últimos veinticinco años -en el gobierno o en la oposición- no se ha caracterizado por una decidida defensa de la vida o de la dignidad de los más desfavorecidos e indigentes. Tan solo la sociedad a partir del voto en blanco puede propiciar el relevo de quienes, por acción, omisión, o silencio, nos condujeron a tan incierta situación y cuyas consecuencias aún estan por ver.
La iniquidad no puede prevalecer sobre la Justicia.

SIN NACIMIENTOS NO HAY FUTURO

El pasado 3 del presente mes las Cortes aprobaban la Ley de Educación Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo la que, entre otras innovaciones con respecto a la hasta ahora vigente de 1985, contempla la posibilidad de la destrucción violenta del producto de la concepción dentro de las catorce primeras semanas, y el que las jóvenes mayores de 16 años puedan liberarse de su embarazo sin necesidad de contar con la autorización de sus padres o tutores.
En protesta a la nueva legislación, las organizaciones pro-vida llevaron a cabo manifestaciones en más de ochenta ciudades a fin de llamar la atención de la opinión pública extranjera. Cientos de miles de personas acudieron a la convocatoria, pese a las inclemencias del tiempo en la mayoría de las ciudades, en un postrero intento de forzar al Gobierno a la derogación de la citada ley. Curioso, cuando menos, resultó observar la presencia, aunque a título personal, de varios altos cargos del Partido Popular que gobernó durante dos legislaturas consecutivas, una de ellas con mayoría absoluta, manteniendo vigente la citada ley de 1985, al amparo de la cual se estima se habrán llevado a cabo no menos de un millón y medio de abortos.
Tras el baby-boom de los años 70 que conformaba una perfecta pirámide poblacional y permitía unas favorables expectativas futuras para el regimen de jubilaciones, la drástica disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida hasta los 80 años, motivan la aparición del fantasma de la quiebra del sistema de pensiones, cada vez más próximo. Para conjurar este riesgo se proponen diferentes medidas tales como aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años, o hasta los 70, como sugiere el Instituto de Empresa Familiar. Pero por más que se maree la perdiz las cuentas del Estado distan mucho de cuadrar, porque al envejecimiento de la población le sigue consecuentemente un paro incesante que no se detendrá hasta el colapso total de nuestra actividad económica. Pues es bien sabido que las personas mayores no consumen, en contraposición con los niños que lo hacen ya antes de nacer. El no considerar este hecho elemental, o ignorarlo, constituye un alucinante desvarío.
Por lo tanto, y el sentido común nos lo grita : si no hay nacimientos no hay futuro. Y si queremos ver de nuevo en marcha la maquinaria de la industria y el comercio no habrá más remedio que incentivar la natalidad, fomentando las familias numerosas, pues los hijos que esta situación desesperada requiere sólo nacen en el ambiente de seguridad y permanencia que la familia posee, y no de otras uniones eventuales y pasajeras por más santas que sean. No cabe esperar, tampoco, a que nos resuelvan el problema los emigrantes, obligados a vivir en pisos-patera en condiciones infrahumanas.
El incentivo, en exclusiva para las mujeres nacionales, no ha de ser menor de 200 euros por hijo y mes, a partir del tercero y hasta la mayoría de edad, y sin retención alguna. El sacrificio -o ajuste, como gustan decir algunos entendidos-, exigido por tal medida, sería aceptado de buen grado por el contribuyente que vería despejado el horizonte de tan negros nubarrones. La prosperidad económica seguirá forzosamente a la expansión demográfica.
Las múltiples manifestaciones del pasado día 7, y como era de esperar, no han conseguido conmover lo más mínimo el ánimo de los promotores de la Ley, que entrará en vigor el próximo mes de julio. Los líderes del Partido Popular se justifican ante la mayoría de sus entusiastas seguidores con la tibia promesa de recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional. Globos, pancartas y carteles tiñeron de rojo los pueblos de España para sólo conseguir la hilaridad de los detractores. Pero distinto sería su semblante si el color elegido fuese el blanco, preludio de ese voto de castigo para la clase política actual que sólo busca enriquecerse a costa de nuestros sudores. Voto de supervivencia, y solidario con los seres, engendrados en la irresponsabilidad y destruidos en la indefensión, llamados a ser nuestro futuro y relevo generacional.